NOTA DE PRENSA
El abogado de familia don
Javier Pérez- Roldán Suanzes, en representación de la Asociación Europea de Abogados de Familia y del Centro Jurídico Tomás Moro, ha
presentado ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) un informe
sobre las perversas consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección Integral Contra la
Violencia de Género (LIVG).
El comité de CEDAW es una organismo
dependiente de la ONU y uno de los máximos responsables de la propagación internacional de la ideología
de género. Dicho comité solicita con periodicidad a los Estados Partes
informes sobre las políticas aplicadas contra la discriminación femenina y en
cumplimiento de las recomendaciones que imparte el propio organismo.
Igualmente el comité de CEDAW permite a las
asociaciones civiles de los Estados Miembros presentar sus propios informes de evaluación de las políticas de igualdad.
Hasta la fecha solo las asociaciones afines a la ideología de género y a los
postulados del feminismo radical han hecho uso de esta herramienta para
difundir su ideología sexista.
Teniendo en consideración las limitaciones
que establece el propio Comité para la eliminación de la Discriminación las
asociaciones civiles españolas Asociación
Europea de Abogados de Familia y el Centro
de Estudios Jurídicos Tomás Moro, han presentado su informe teniendo en
consideración los efectos perniciosos
que la Ley Integral Contra la Violencia de Género provoca a las propias
mujeres.
Ambas asociaciones son plenamente conscientes
que los efectos perjudiciales de las leyes basadas en la ideología de género
alcanzan a toda la población española, independientemente de su sexo y edad, no
obstante circunscribiéndose a los requisitos fijados por el propio comité
internacional han centrado sus denuncias y sus conclusiones únicamente en las
mujeres.
Así, el abogado Javier Pérez- Roldán Suanzes, denuncia expresamente en su informe
presentado que “la Ley Orgánica 1/2004 de
protección integral contra la Violencia de Género (LIVG) no ha supuesto una
disminución de la violencia contra las mujeres, ni del número de muertes,
atentando además contra los derechos fundamentales de la mayoría de la
ciudadanía”.